En el 2022 se produjo una de las mayores inestabilidades en los mercados energéticos mundiales de los últimos años. La pandemia de COVID-19 y la guerra en Ucrania han causado un incremento de los precios de los combustibles, agudizando la escasez de energía y las preocupaciones sobre la seguridad energética, y desacelerando aún más los avances hacia el acceso universal a energía asequible, confiable, sostenible y moderna para 2030 establecida en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 (ODS 7).
La crisis de los precios energéticos afecta a la mayoría de los países, pero los estados en desarrollo se enfrentan a los mayores impactos, especialmente los países importadores de energía ya que tienen una capacidad limitada para afrontar los aumentos en los precios energéticos, lo que ha provocado el racionamiento energético en algunos países y una mayor pobreza.
El consumo de energía representa más de tres cuartas partes de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El Consejo Europeo, e 2014, acordó el marco de actuación de la UE en materia de clima y energía hasta 2030. es por ello que se estableció un objetivo final de reducir las emisiones un 55 % respecto a los niveles de 1990 para el año 2030, objetivo que se ve reflejado en la Ley Europea del Clima. En este sentido, se comienza a trabajar en estos objetivos realizando una serie de medidas legislativas encaminadas a actualizar y revisar la legislación de la UE.
Actualmente la política energética y climática europea está definida por el Acuerdo de París logrado en 2015, cuyo objetivo es contener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2°C respecto de los niveles existentes antes de la revolución industrial, y realizar esfuerzos para limitarlo a 1,5°C.La UE ratificó el Acuerdo de París en octubre de 2016, y España lo hizo en 2017
En el ámbito de la seguridad energética, se fijan objetivos para aumentar la diversificación de fuentes de energía y suministro, así como la reducción de importación de energía. En el caso de España, dada la preponderancia de los combustibles fósiles en el sistema energético nacional, éste se caracteriza por una elevada dependencia energética, que alcanzó el 72% en 2021, por encima de la media de la UE (70,1%). Con respecto al mercado interior, el objetivo de interconexión eléctrica de los Estados miembros se fija en el 15% para el año 2030.
La comunicación sobre el Pacto Verde Europeo, lanzada por la Comisión Europea en diciembre de 2019, y que tiene por objeto alcanzar la neutralidad climática del continente europeo en 2050, impulsando la economía, mejorando la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, protegiendo la naturaleza y no dejando a nadie atrás, contempla las 8 áreas prioritarias de actuación, áreas que requieren la movilización de la investigación y el fomento de la innovación y competitividad.
En relación con el contexto energético nacional, sigue la misma tendencia al internacional, concretamente al europeo, ya que ha existido un tsunami energético debido a la pandemia de COVID-19 y la guerra de Ucrania.
En el ámbito nacional, el Marco Estratégico de Energía y Clima es la herramienta que va a permitir desarrollar las políticas en esta materia. Las piezas clave que componen este marco son:
Junto con el PNIEC España incorporó la Estrategia de Transición Justa que, siguiendo las directrices de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las recomendaciones del Acuerdo de París, trata de maximizar las oportunidades de empleo de la transición hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono, que tienen como objetivo prioritario el mantenimiento y creación de actividad y empleo, así como la fijación de población en los territorios rurales o en zonas con instalaciones térmicas o nucleares en cierre.
Esta píldora formativa está extraída del Curso online de Eficiencia energética en el ciclo integral del agua (ENAA026PO).
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