Para la normativa que regula la contratación pública, el Compliance se torna cada día más en un fundamento de la misma, caracterizándose por su transversalidad, ya que alcanzan a todos los contratos, independientemente de su cuantía, de su naturaleza jurídica de administrativos o privados, manifestándose asimismo en todas las fases del procedimiento de contratación. Garantizar pues las políticas de cumplimiento es un objetivo muy a tener en cuenta en la gestión pública y no debe por tanto escapar a la atención de los gestores públicos y los poderes adjudicadores.
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