Las tecnologías de la información y las comunicaciones han establecido un nuevo orden en lo relativo a las relaciones de los seres humanos y de la sociedad en general. La Administración Pública no puede quedar al margen del cambio. Debe fomentar el uso de las nuevas tecnologías en sus relaciones con el ciudadano. Estos deben ser beneficiados en sus trámites con la Administración facilitando así la comunicación, la eficacia y evitando desplazamientos innecesarios.
Las nuevas leyes administrativas españolas tienen como finalidad principal dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemático, coherente y ordenado. En ellas se aborda una reforma integral de la organización y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenación de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulación ad intra del funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas.
Hablamos de una Administración sin papel basada en un funcionamiento íntegramente electrónico que se configura, no solo como un sistema de mejora de los principios de eficacia y eficiencia sino que también refuerza las garantías de los interesados.
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