Primera ley estatal por el derecho a la vivienda 12/2023

La Constitución Española (CE) reconoce, en su artículo 47, el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada e impone seguidamente a los poderes públicos el deber de promover las condiciones necesarias que garanticen la igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales y de establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el referido derecho. 

Para dar una respuesta integral y normativa a este mandato constitucional, surge la primera ley estatal reguladora del derecho a la vivienda, la ley 12/2023, abordando de manera sistemática los múltiples aspectos del derecho a la vivienda. 

Uno de los objetivos principales de la ley es establecer un marco normativo que promueva el acceso equitativo a la vivienda. Esto incluye la posibilidad de implementar políticas de promoción pública de viviendas y el desarrollo de estrategias de colaboración entre el sector público y privado. 

Ley de vivienda: Objetivos 

La ley de vivienda busca garantizar el derecho universal a la vivienda mediante un marco normativo que respalde a colectivos vulnerables, fomente la transparencia y promueva la colaboración entre las distintas administraciones. Esto refuerza la lucha contra la especulación y asegura un mercado inmobiliario más justo y equitativo. 

La implementación de la ley requiere la optimización de los recursos disponibles para atender a las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos deberán coordinar esfuerzos para identificar las necesidades locales de vivienda, facilitando mecanismos que permitan el acceso a viviendas asequibles y adecuadas. 

Nueva Ley de vivienda: Novedades  

La nueva ley de vivienda regula los aspectos esenciales del acceso a la vivienda desde una doble vertiente, una jurídico-pública, como es la contemplada, principalmente, en el título preliminar y en los títulos I a III, y otra vertiente jurídico-privada, más presente en el título IV. 

Se configuran las políticas destinadas a satisfacer el derecho de acceso a una vivienda digna y adecuada como un servicio de interés general, tanto mediante la creación y gestión de parques públicos de vivienda como a través de aquellas actuaciones, públicas y privadas, que tengan por objetivo la provisión de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. 

Por otro lado, las políticas públicas deben favorecer la existencia de una oferta suficiente y adecuada de vivienda, que responda a la demanda existente y permita el equilibrio del mercado, asegurando la transparencia y adecuado funcionamiento del mismo. 

Entre las medidas que incorpora la Ley, con implicaciones en el sector privado, están aquéllas que tratan de controlar el incremento de los precios de alquiler o que persiguen incrementar la protección de las personas vulnerables en los procesos de desalojo. 

Por otro lado, la legislación también fomenta la colaboración entre el sector público y privado. Las Administraciones públicas podrían establecer incentivos para proyectos de vivienda colaborativos, facilitando terrenos o financiación a desarrollos que prioricen el acceso asequible. 

Zonas de mercado residencial tensionado 

La declaración de zonas de mercado residencial tensionado es una herramienta clave de la Ley 12/2023 para abordar desigualdades en el acceso a la vivienda, priorizando la contención de precios y el incremento de la oferta de vivienda social. Estas acciones buscan un mercado de vivienda equilibrado y accesible para todas las personas. 

Esta normativa busca dar respuesta a las áreas donde los precios de vivienda limitan el acceso de los ciudadanos, promoviendo la cohesión social y territorial y un mercado de vivienda más accesible. 

La ley recoge una serie de incentivos fiscales aplicables en el IRPF a los arrendamientos de inmuebles destinados a vivienda y modula el recargo a las viviendas vacías en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Resumen de modificaciones

Las modificaciones introducidas en la ley de vivienda establecen un nuevo paradigma donde las Administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como municipal, juegan un papel crucial en la implementación y supervisión de estas políticas. En particular, se espera que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos desarrollen marcos normativos específicos que adecuen las disposiciones de la ley a las características particulares de sus territorios, lo que les otorga mayor flexibilidad para responder a las necesidades locales de vivienda. 

En conclusión, la Ley 12/2023 tiene como objetivo no solo abordar el déficit estructural en la oferta de viviendas asequibles, sino también establecer un marco legislativo que incentive la cooperación entre distintos niveles de gobierno y el sector privado. La implementación exitosa de estas medidas requiere no solo el entendimiento y la aplicación de las disposiciones legales, sino también la evaluación continua de su impacto para asegurar el cumplimiento del derecho a la vivienda de manera sostenible y equitativa. 

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