El procedimiento administrativo electrónico
En los últimos años las leyes que llegaron para sustituir a la legendaria Ley 30/1992 han dado resultados sin el abanico de problemas que se auguró en un principio. Por el contrario, el necesario paso del papel al soporte digital está siendo implantado de forma constante (pese a los necesarios y lógicos ajustes que hay que ir realizando en el proceso para conseguir la mayor eficiencia).
Muchas Administraciones Públicas han animado a que los ciudadanos revisen sus procedimientos administrativos desde la propia web. Pero para poder hacer uso de esta herramienta ventajosa es necesario poseer un certificado reconocido. Y, claro, la pericia suficiente para instalar los certificados raíz necesarios que se exigen en cada sede.
El primer obstáculo es la escasa implantación de los conocimientos informáticos mínimos para acreditarse y acceder a una sede electrónica en el segmento de población mayor de 50 años. Ni siquiera el DNI electrónico ha podido subsanar esta carencia.
Los legisladores han previsto esta circunstancia (cubierta por el término «pobreza electrónica»), y por ello la Ley 39/2015 incluye que «si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello».
Nadie puede quedar excluido del acceso a las Administraciones Públicas. Es, sin duda, el mayor reto.
En 2018 está previsto que el modelo de procedimiento administrativo electrónico estará a pleno funcionamiento. Esto incluye:
- registro electrónico de apoderamientos
- registro electrónico
- registro de empleados públicos habilitados
- punto de acceso general electrónico de la Administración
- y archivo único electrónico
Serán muchos los beneficios de este sistema: transparencia, ahorro de costes, modernización, simplificación de trámites…
Pero para conseguir una Administración ágil, eficiente y electrónica hay que ser conscientes de la necesidad de una gran inversión económica y en formación (tanto para ciudadanos como para empleados públicos). Sin los medios necesarios para actuar electrónicamente nada puede funcionar de manera correcta.
Precisamente por ello ADR Formación pone a disposición los medios necesarios para conocer y aplicar el procedimiento administrativo electrónico de una manera accesible y práctica, haciendo hincapié en todos los elementos de utilidad para quienes administran los intereses generales y quienes se relacionan con las Administraciones Públicas.
Visita la ficha del Curso de Régimen Jurídico y Procedimiento de las Administraciones Públicas para más información. Más de 800 alumnos se han formado ya con este curso, con excelentes resultados. Te esperamos.